Propuestas

 

1. Más democracia y reforma de la ley electoral LOREG, para una representación justa:

a) Listas abiertas: se votará a las personas. Los partidos políticos representan un conjunto de ideas, acordadas supuestamente por consenso dentro del partido, pero la sociedad es plural incluso dentro de un mismo partido. Por eso pensamos que los diputados tienen el derecho a defender sus propias ideas, si así lo apoya una parte de la sociedad en forma de votos.

b) Circunscripción única y sin umbral. Máxima proporcionalidad democrática: A más votos, más escaños. El parlamento no debe representar a las provincias sino a la voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, será necesario modificar el artículo 68.2 de la constitución donde se expresa que la circunscripción es la provincia. La máxima proporcionalidad entre votos y escaños debería estar garantizada por la Constitución. Sin embargo, con tal de alcanzar a un mayor consenso, también consideramos otras medidas alternativas, como reducir a 1 los escaños mínimos por provincia y aumentar a 400 los diputados totales, o hacer circunscripción autonómica, también con un mínimo de 1 diputado. De esa manera se aproximaría a la proporcionalidad deseada.

c) Posibilidad de coaliciones postelectorales (suma de votos): El voto es la unidad elemental de representación del ciudadano, donde se asienta su fuerza democrática. Por eso pensamos que el partido votado tiene el derecho a trasladar el deseo del votante, para que esa fuerza se quede representada dentro de una coalición con escaños. La idea es que la fuerza (escaños) correspondiente a la suma de los votos no representados no vaya a parar a partidos no deseados.

d) El reparto de escaños se hará de forma linial similar a la fórmula Hare (ver detalles): Hay que buscar la máxima proporcionalidad democrática posible, respecto a la voluntad plural de los ciudadanos.

e) Igualdad de oportunidades en la participación política. Derogación del apartado 3 del artículo 169 de la LOREG, que dificulta (innecesariamente) el derecho a la participación en la política, ya que discrimina negativamente a las nuevas formaciones políticas, que deben cumplir más requisitos que las viejas. (Ver enlace).

f) Representación del descontento popular. Los escaños deben representar los votos válidos, por lo que, los votos en blanco (descontentos) deben estar representados también en el parlamento, en forma de escaños vacíos. Se estudiará la fórmula para que los escaños en blanco computen como votos negativos en todas las propuestas de los gobiernos (incluyendo la formación del propio gobierno). De esa manera se requerirá repetir las elecciones si los escaños en blanco son muy numerosos.

g) Participació directa. Integración de las iniciativas de participación democrática directa tales como la “democracia líquida“, en la que una persona puede participar directamente en las decisiones parlamentaria (democracia 4.0), o bien, delegar su voto a un representante. En este sentido, proponemos que el voto electoral sea reversible: votación mediante DNIe con la posibilidad de modificar el voto de confianza a tiempo real (o con una determinada frecuencia) utilizando la misma tecnología. Se promoverá el debate sobre la forma más adecuada y justa de llevar a cabo estos puntos.

h) Participación asamblearia. Impulsar activamente la participación ciudadana, con vinculación de su voluntad: Promoción de asambleas populares para conocer las preocupaciones o problemas de los ciudadanos así como sus exigencias, peticiones o sugerencias para la resolución de los mismos, o para mejorar la eficacia de las herramientas que lo regulan. Se promoverá el debate y el consenso.

i) Coordinación pública. Creación de un organismo público de coordinación y comunicación horizontal entre las asambleas populares, así como para recoger y trasladar al gobierno las exigencias, peticiones o sugerencias de los ciudadan0s.

j) Iniciativas y referendums vinculantes. Reforma de la ley sobre las Iniciativas Legislativas Populares para que puedan afectar a Leyes Orgánicas y referendos vinculantes en cuestiones fundamentales, como el federalismo, la intervención en asuntos importantes (internos o externos), especialmente en materia económica, en temas constitucionales, la inter e independencia con otros países, la vinculación con la Unión Europea, etc.

2. Separación de poderes: cargos públicos más preparados y menos corruptibles: 

a) Plena independencia de todos los tribunales. La designación o nombramiento de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Constitucional y del resto de tribunales del poder judicial, así como del Tribunal de Cuentas, no podrá depender directamente del poder ejecutivo ni del legislativo. Se creará una comisión de expertos para estudiar la forma de diseñar la promoción judicial más justa basada en oposiciones y concurso de méritos formativos.

b) Separación efectiva en todos los cargos. La medida anterior se hará extensible a todos los cargos públicos no elegibles por el pueblo, incluyendo los consejos de comunicación, los gabinetes legislativos, la administración de la Banca Pública, etc., así como los ascensos profesionales de dichos cargos públicos. La separación de los 5 poderes debe ser efectiva en todos los casos: legislativo, ejecutivo, judicial, mediático y financiero.

c) Soberanía popular en todos los niveles. En última instancia, cuando se requiera alguna elección por criterios políticos, el poder de designación recaerá en el pueblo, mediante votación o referéndum, y nunca un poder dependerá de otros.

d) Igualdad de oportunidades en política. Se estudiará universalizar y reducir, hasta valores imprescindibles y justificables, la financiación a partidos políticos y sindicatos. Con esta medida se pretende que no se mantenga el trato de favor a aquellos organismos que están instalados en el poder, ya que esto facilita una perpetuación en las instituciones y supone un agravio al derecho de igualdad de oportunidades. Se estudiará la manera de garantizar la misma cuota de difusión de información de todos los partidos políticos y sindicatos, eliminando los gastos superfluos. Se limitarán las aportaciones privadas a pequeñas cantidades por persona, tales como las cuotas de afiliados, etc. para así minimizar las posibles corrupciones derivadas de las influencias sectoriales del poder financiero. Las subvenciones públicas a los más poderosos económicamente deberá eliminarse totalmente, ya que no es posible justificar una necesidad para aquellos que pueden sostenerse sin ninguna dificultad (se definirá un umbral, por ejemplo, a partir del tercer cuartil de la acumulación de riqueza).

e) Endurecimiento de las penas por corrupción, incluyendo el embargo de todos los bienes económicos de los condenados por corrupción, hasta que compensen todo el daño causado, incluyendo la malversación de fondos y la privatización de bienes públicos sin haberse consultado previamente a los ciudadanos. Eliminación de la prescripción de todos los delitos relacionados con la corrupción.

f) Revisión de las funciones del Senado. La cámara alta del poder legislativo deberá estar constituida por especialistas legislativos de carrera, y mantendrán su papel de control del gobierno y de tramitación legislativa, así como su carácter de representación territorial. Sus decisiones deberán ser vinculantes para así garantizar que su poder es real. La composición de la cámara deberá ser totalmente elegida por sufragio universal directo, con listas abiertas, del mismo modo que proponemos para los diputados. Por lo tanto, los senadores, además de inscribirse en un partido político deberán cumplir previamente algún requisito sobre conocimientos de derecho y/o legislación. NOTA: Este punto está abierto a debate.

g) Revisión de la designación de ministros. Estudiar la posibilidad de exigir que las personas elegibles para cargos ministeriales pertenezcan a algún grupo de carrera afín y/o promocionados de forma justa en base a las oposiciones establecidas por la comisión de expertos. Como gestores de los bienes públicos así como el poder ejecutivo, deberán aplicar las decisiones del poder legislativo con el máximo conocimiento y coherencia con las necesidades del sector que representan. Para ello deberán mantener una estrecha relación, colaboración y comunicación con cada uno de los sectores gestionados. NOTA: Este punto está abierto a debate.

3. Queremos más comunicación, información i transparencia:

a) Independencia informativa. Reforma de las normas que regulan la configuración de las comisiones de información pública para que los cargos sean adjudicados de forma totalmente independiente a los poderes políticos (ejecutivo y legislativo). Se propone la creación de diferentes tipos de comisiones. Por un lado, se propone una Comisión Técnica de la información, que lo conformarán ciudadanos de carrera, que superen unas oposiciones específicas para el cargo al que aspiran. Por otro lado, se propone la posibilidad de una Comisión Popular, formado por sorteo entre ciudadanos en situación de desempleo. La Comisión Técnica deberá asesorar sobre la adecuación de los contenidos de la programación según diferentes criterios (sociales, científicos,…), mientras que la Comisión Popular deberá trasladar las opiniones personales sobre el interés y las necesidades de información y contenidos. Las dos comisiones deberán acordar los contenidos por mayoría absoluta. Si esto no fuese posible en un plazo de tiempo razonable, se renovarían ambas comisiones con nuevos miembros, siguiendo el mismo procedimiento.

b) Máxima información. Creación de una comisión de expertos ( de acuerdo con el punto 3.a ) formado por los miembros más cualificados de las Comisiones Técnicas de información pública y de los consejos de los medios de comunicación públicos, para garantizar la calidad de los servicios así como para garantizar la accesibilidad a toda la información necesaria para el buen desarrollo de las libertades, derechos y obligaciones de los ciudadanos. Eso incluye la garantía d’una cuota de difusión de todas las alternativas posibles, especialmente en cuanto a temas administrativos, opciones políticas, etc. La pluralidad informativa es un principio básico en una democracia.

c) Máxima transparencia. Creación de una comisión de garantía de la transparencia administrativa ( de acuerdo con el punto 3.a ). Toda la información sobre la administración incluyendo los movimientos del capital público debe ser accesible para cualquier ciudadano, tanto por medios electrónicos como impresos. También se publicarán las ganancias de todos los cargos públicos.

d) Simplificación burocrática. Estudio sobre la viabilidad de la simplificación de la burocracia administrativa, con asistencia de ayuda gratuita, en relación a los formularios y solicitudes de acceso a servicios básicos como la sanidad, educación, justicia, información, etc.

e) Democracia interna. Se exigirá la máxima transparencia de los sindicatos y partidos políticos (aunque no tengan funciones públicas) y se promoverá una organización horizontal y asamblearia, mediante diferentes debates sobre la necesidad de una máxima democracia interna en la estructura de los partidos y en sus propuestas en base a unos principios mínimos.

4. Queremos una economía más justa:

a) Los mercados no deben gobernarnos. Los mercados no pueden decidir directa o indirectamente la estabilidad de un Estado. Se estudiarán todas las medidas necesarias para llevar a cabo este punto. Entre ellas, las que se citan más abajo.

b) Garantía de un mercado libre. Los estados tampoco pueden regular totalmente el “libre mercado”, porque es prácticamente “ingobernable”. El libre mercado deberá cumplir el respeto a los derechos humanos y los derechos internacionales, así como los derechos laborales establecidos en el ámbito estatal.

c) Garantía de un mercado público. El Estado deberá hacer frente a los abusos del libre mercado, creando otro mercado alternativo, paralelo, público y social. La gran flexibilidad del mercado libre permite la creación de un mercado público dentro de éste, capaz de competir con el mercado privado. Los ciudadanos tienen el derecho a poder escoger entre consumir en el mercado privado o en el público.

d) Regulación del mercado público. En este mercado público, los precios y los sueldos se estimarán de la forma más justa, según un consejo de expertos, y con criterios científicos. Ante posibles inflaciones, nunca podrán subir los precios más que los sueldos (dentro del mercado público). De ese modo, se pretende combatir la especulación de los precios en los productos básicos. Del mismo modo que los mercados privados acuerdan inflar los precios, el Estado podrá bajarlos unilateralmente si fuera necesario.

e) Promoción del mercado público. El Estado promocionará y protegerá este mercado alternativo, y estudiará incorporar a los trabajadores despedidos por el mercado libre por “razones económicas”.

f) Protección de los bienes públicos. Las nuevas ramas principales de este mercado social serán la Vivienda y la Alimentación (incluyendo el agua), ya que junto con la Educación y la Sanidad, son los pilares más básicos de la sociedad. El Estado deberá garantizar el acceso a estos derechos, de la forma más justa y solidaria. También se englobarán otros productos, como la Banca Pública y la Energía. Con estas medidas se pretende evitar que se especule con los productos básicos, tan necesarios para vivir. Por ejemplo, en el caso de la agricultura se pagará al productor de la forma más justa (cubriendo costes, horas de trabajo, etc.), con el mínimo número de intermediarios posibles.

g) Banca pública y rescate a las personas. Es una prioridad nacionalizar los bancos rescatados para garantizar los ahorros de las personas afectadas. A cambio, el Estado controlará la totalidad de las ganancias para reinvertirlas en la Banca Pública, reduciendo al máximo los sueldos de los altos cargos para equipararlos a los sueldos públicos, y cambiándolos por funcionarios especializados para dicha gestión. Por otra parte es necesario centrar la política de los rescates más directamente a las personas que no en los bancos. Por esa razón, otra de las prioridades es frenar los desahucios, en la medida de lo posible, con medidas como la dación en pago retroactiva, el alquiler social, “la segunda oportunidad”, la rehubicación de familias, etc.

h) Rechazo a la privatización. Frente a una crisis, las privatizaciones no son la solución, porque para la siguiente “crisis” ya no quedará nada que privatizar. Los servicios públicos como la sanidad, la educación, la comunicación, el transporte, etc. deberán ser totalmente públicos. Los bienes públicos pertenecen al pueblo, por lo que no se pueden vender salvo que se diga expresamente mediante referendum.

i) Revertir las privatizaciones. Se estudiará recuperar todo lo que se privatizó de forma ilegítima (sin el consentimiento del pueblo, es decir, todas esas privatizaciones que no estaban contempladas en los programas electorales y no fueron consultadas). Los bienes públicos no pueden privatizarse sin consentimiento de los propietarios, el pueblo.

j) Auditoría de la deuda. Es urgente e imprescindible realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública, para identificar todas las deudas ilegítimas, innecesarias y contraídas sin la aprobación de los ciudadanos, así como todas aquellas irregularidades (adjudicaciones sin concurso, inflación de costes, etc.) que han pretendido favorecer a determinados sectores próximos a los gobernantes. Todas las deudas ilegítimas, al igual que todas las privatizaciones ilegítimas, deberán ser pagadas por los políticos responsables, embargando todos sus bienes hasta que salden la deuda. En ningún caso deberá hacerse cargo la ciudadanía de tal deuda ilegítima.

k) Una fiscalidad más justa. Para reducir el déficit del Estado es necesario combatir al máximo el fraude y evasión fiscal de las grandes fortunas (SICAV y otros); y si fuese necesario, se debe aumentar los impuestos (sólo) a los que más tienen (con IRPF u otros), especialmente a los que se enriquecen con la especulación o la crisis: impuestos por rendimiento de capitales, transacciones bursátiles, etc. Por otro lado, es necesario reducir el IVA de los productos básicos, así como, probablemente, reducir la presión fiscal a las rentas de trabajo más bajas. Cuando el Estado logre una buena autofinanciación mediante su mercado público, entonces se estudiará reducir la presión fiscal también al resto de fortunas.

l) El dinero no se come. Es importante que la riqueza de un Estado no se mida por el PIB ni por las ganancias de los altos cargos de las grandes empresas, sino que debe medirse por el bienestar social. Las grandes fortunas (obtenidas mediante abuso o especulación) no crean riqueza en la sociedad sino más bien desigualdad entre clases. Por tanto no es necesario mimarlas desde el Estado, mediante favores fiscales. Se pueden marchar a otros países si así lo desean, pero en ese caso ya no podrán seguir haciendo negocio aquí.

m) Reforma laboral. Derogación de los decretos por los cuales se abarató el despido y se retrasó la edad de jubilación. Promover que las empresas incentiven la productividad mediante un plus (sobre el sueldo base) en vez de sobreexpolar los derechos de los trabajadores. Reforma laboral para aumentar la protección de los empleados y mejorar las condiciones laborales sobre conciliación familiar, permisos, horas extra, etc.

4. Queremos políticas verdes: 

a) Comité de medio ambiente. Creación de un comité de expertos por medio de concurso de méritos. Con esta medida se pretende agilizar y perfeccionar el desarrollo de las políticas medioambientales que regulen el uso de los recursos naturales y minimizando tanto su explotación como los impactos medioambientales derivados.

b) La naturaleza es de todos. Los recursos naturales (y en especial el agua) no deben privatizarse, porque son bienes comunes básicos, que pueden utilizarse por todos, con una determinada regulación. Además, también debemos compartir dichos recursos con el resto de seres vivo, por lo que se estudiará la posibilidad de recuperar espacios naturales.

c) Promoción del ahorro en los recursos naturales (agua, luz, terreno, …). Se estudiará implementar una tarifa progresiva en base al consumo, de tal modo que para los que consumen muy poco sea prácticamente gratis, mientras que los que más consuman paguen un impuesto creciente, que irá destinado al desarrollo de tecnologías para la renovación de los recursos.

d) Promoción de las energías alternativas, especialmente las menos contaminantes. Revisión del debate nuclear: se trasladarán las cuestiones claves a los mayores expertos de entre los detractores y los partidarios. Toda la información del debate se trasladará a la ciudadanía para que exprese su voluntad vinculante sobre este tema.

e) Promoción del transporte público ecológico y del coche eléctrico. No debemos permitir que las grandes petroleras sigan teniendo el monopolio de la energía para el transporte.  

f) Promoción de la agricultura ecológica y del mercado local, al menos dentro del mercado público. Con esta medida se pretende disminuir la contaminación en los alimentos y la provocada por el transporte de mercancías, así como también pretende reducir el consumo de energía en ese transporte. Por último, se pretende recuperar la competitividad de los pequeños comerciantes frente a la desmedida globalización de los mercados.

g) Reparación del daño medioambiental. Las empresas que produzcan un importante impacto sobre el medio ambiente deberán pagar su reparación. Al menos para los casos donde no se pueda reparar: estudiar los mecanismos para que contaminar sea más caro que no hacerlo.

h) Prevención de impactos. Además de la legislación correspondiente a la evaluación de impactos, debe promocionarse (estimular, incentivar o premiar) la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, minimizando los impactos ambientales.

5. Queremos que se respeten las libertades individuales: 

a) Creación de un comité de expertos por medio de concurso de méritos.

b) Reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

c) Reconocimiento del derecho a escoger el modelo de vida propio, dentro del respeto de los derechos humanos. Esto incluye el modelo familiar, el modelo de sedentarismo / nomadismo, etc. Se promoverá el debate en este tema.

d) Se revisarán las leyes estatales y las ordenanzas municipales que recortan derechos individuales (que no afectan al resto): libre circulación, reunión, manifestación, libertad de vestimenta, consumo de alimentos, libertad de expresión y comunicación, etc.

e) Se penalizarán las conductas que dañan los bienes individuales y comunes. Por ejemplo, ruidos dañinos para la salud, echar basura en las calles, etc.

f) No se podrá violar un derecho individual para proteger un derecho de orden inferior, según establezca el comité de expertos (a). Además, se aplicará el principio de la proporcionalidad para evitar al máximo los daños. Por ejemplo, el derecho a la integridad física es superior al supuesto “derecho de disolver a la fuerza una manifestación pacífica”.

g) Se estudiará mejorar la parte educativa de los colegios, en los valores de respeto y tolerancia hacia la diversidad social. Se promocionarán los debates entre alumnos, alumnos-profesores y profesores-padres.

6. Queremos que la cultura y la ciencia avancen tanto en contenido como en difusión:

a) Más inversión en investigación: La garantía de futuro y del desarrollo de una sociedad pasa por la prevención de los riesgos y la adaptación a los posibles cambios de la sociedad o del planeta. Por lo tanto, existe una continua necesidad de investigar y desarrollar, que debe garantizarse por el Estado, mediante medidas de apoyo e incentivación.

b) Promoción, difusión y aplicación: Debe promocionarse el desarrollo científico, tecnológico y social de forma general, no sólo para el beneficio científico. La difusión y aplicación del conocimiento, y su buen uso, deben garantizarse para contribuir en la mejora del bienestar social.

c) Más cultura libre: Es necesario garantizar y promocionar tanto la creación como la difusión de la cultura libre, es decir, libre de las ataduras que frenan su avance y su propagación. La cultura es y debe ser patrimonio de la humanidad, libre de fronteras. Del mismo modo que hacen falta inversiones públicas para garantizar el desarrollo de unos conocimientos científicos que todo el mundo puede utilizar, se estudiará la mejor forma de invertir en cultura para liberarla lo más posible de los que especulan con ella.

d) Máximo acceso al conocimiento: Es necesario garantizar el acceso gratuito a la educación pública y a los máximos conocimientos científicos y culturales como sea posible, divulgando especialmente aquellos que los profesores y expertos en cada materia consideran clave en el desarrollo histórico y futuro de la sociedad. Los niños son el futuro de la sociedad, y por lo tanto son la parte más importante para el desarrollo de todos los conocimientos.

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